El Senador Chris Murphy envió una carta al secretario de Estado afirmando que es «equivocada» la prohibición contra el régimen de Maduro de intercambiar petróleo por diésel
Un senador del Partido Demócrata emitió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, abogando por el levantamiento de una de las sanciones impuestas al régimen de Maduro. Chris Murphy, electo por Connecticut, ampara su decisión en la revisión que la administración de Joe Biden está haciendo en torno a las sanciones ordenadas por el expresidente Donald Trump.
La prohibición que pesa sobre la dictadura de Maduro data de noviembre de 2020 cuando Trump restringió el intercambio internacional de petróleo por diésel con Venezuela. Esto ha generado opiniones encontradas.
Murphy ya ha ocupado cargos en el Congreso, desde 2007 hasta 2013 fue miembro de la Cámara de Representantes y posteriormente alcanzó un escaño en el Senado. Es defensor de las políticas de Biden y se ha pronunciado por temas como la crisis fronteriza. A su juicio, el Partido Republicano usa el tema para distraer la atención en Estados Unidos.
«Es un desafío», dijo sobre el volumen de migrantes. Aún así, criticó a la bancada republicana por «tratar de hacer creer a los estadounidenses que la crisis en la frontera es más importante que la continua crisis económica y de atención médica que enfrentan las familias estadounidenses», replicó el medio CT Mirror.
Ahora, en la carta que dirigió a Blinken —difundida por el periodista Joshua Goodman— asegura que la política contra el régimen de Maduro es «equivocada» y que de levantarla, «proporcionaría un alivio vital a millones de venezolanos».
Venezuela regala gasoil a Cuba
El razonamiento del senador Chris Murphy se enfrenta a los argumentos de expertos y de otros funcionarios estadounidenses. Ellos han explicado en reiteradas oportunidades que la situación que atraviesan los venezolanos no proviene de las sanciones.
Ciertamente Venezuela ya afrontaba una grave situación antes que aparecieran las sanciones en 2017. Una nota de EFE reseñaba cuatro años atrás cómo desde 2015 hasta octubre de 2017 la diferencia en la producción diaria de petróleo en Venezuela era de 699.000 barriles.
A mediados de 2020 la producción de PDVSA —con una capacidad de producir 1,3 millones de barriles por día— apenas llegaba a los 339.000 a mediados del año pasado, según la OPEP.
La destrucción de la estatal petrolera ha salido a relucir porque deja por sentado que el declive económico del país y de la calidad de vida de sus ciudadanos no provienen de las decisiones de EE. UU. sino del mal manejo que el chavismo hizo con la principal fuente de ingresos del país.
«La producción nacional de gasoil es de aproximadamente 40 mil barriles diarios, pero de esa cantidad la cuota que le envía a Cuba son 500 mil barriles al mes y eso es de carácter obligatorio», explicó hace poco Iván Freites, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV).
La nota de Associated Press cita a Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. “Intentan retratar esto como una situación humanitaria pero están almacenando el diésel para el ejército y dándolo a Cuba mientras la gente sufre”, dijo en alusión a quienes defienden el levantamiento de sanciones. «Entendemos muy bien lo que está pasando».
Los argumentos de Murphy
Murphy se une de esta manera a algunas figuras que han pedido la flexibilización de sanciones, Elliott Abrams, anterior enviado de Estados Unidos para Venezuela y Alena Douhan, relatora de la ONU han dicho que las sanciones «exacerban» la crisis en Venezuela. Aunque no han hecho mención de la visión más macro, donde el manejo del país sigue en manos del chavismo.
En su ejercicio como candidato, el senador presentó recientemente una propuesta de un aumento masivo de 12 mil millones de dólares en el presupuesto de asuntos internacionales de Estados Unidos como ciberseguridad y tecnología emergente. Para hacerlo planteó recortar los presupuestos de divisiones gubernamentales como el Departamento de Estado.
Junto a otros senadores, argumentan que no tiene sentido seguir invirtiendo más dinero en el ejército de los EE. UU. por lo que prefieren disminuir el gasto de los organismos enfocados en la política exterior de los Estados Unidos.
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